El Perú es un país informal y la culpa puede ser el Estado

El Perú es un país informal y la culpa puede ser el Estado

Publicado en Agosto 26, 2015, por , en Opinión, (Sin comentarios)

A inicios del 2015 el Perú era considerado el sexto país más informal del planeta: el 61% de nuestro PBI se genera en la economía informal y 90% de las empresas es informal (ver www.rpp.com.pe/2015-01-23-noticia-360-peru-es-uno-de-los-paises-mas-informales-del-mundo-noticia_762514.html). Recientemente he estado acompañando el cierre de varias pequeñas empresas formales y al revisar su documentación pude apreciar que los gastos derivados del cumplimiento de formalidades (licencias, tasas, implementaciones, registros y otros trámites) representaban hasta el 20% de su facturación y eso sin considerar la pérdida de liquidez por efecto de las detracciones.

Un gran amigo suele decirme que la formalidad es un costo que debe considerar todo aquel que “quiere” hacer negocios. En parte tiene razón… pero para el 61% de la PEA que recibe ingresos informales (http://peru21.pe/economia/inei-informalidad-afecta-al-75-pea-2211258) la palabra clave no es “querer” sino “necesitar” y es que según la pirámide de Maslow (https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow) siempre vamos a priorizar las necesidades esenciales personales y luego las impuestas por convenciones o normas sociales.

A pesar de lo mucho que se ha hecho para revertir ésta situación, los avances son pocos y no sustanciales ya que en gran medida se basan únicamente en soluciones normativas que olvidan que la economía no se regula por decreto y que para formalizar al mercado es necesario utilizar las reglas del mercado; es decir que para abordar este problema se debe comenzar a pensar que formalidad es un “producto” que las personas compran no porque lo mande el Estado sino porque los beneficios son mayores que los costos implicados. Desde esa perspectiva es fácil entender que quienes no “compran” la formalidad es porque lo consideran un producto muy caro, inútil o inalcanzable por lo que apelan a mecanismos alternativos como la corrupción que resultan más baratos en el corto plazo.

¿Qué debería hacerse para fomentar la formalización? Pues mejorar el equilibrio costo beneficio o, dicho de otro modo, tomar otros caminos (no excluyentes):

  1. Menores costos de formalidad: una reforma tributaria que abarate el cumplimiento de las obligaciones formales, una reducción de costos laborales, la introducción de un sistema inductivo cuyo fin sea corregir e informar pero no sancionar las primeras infracciones, el sinceramiento de los requisitos municipales para la apertura y funcionamiento de locales de pequeñas dimensiones o de reducido impacto.
  2. Mayores beneficios para el formal: así como el pago de la cuota del RUS otorga un seguro para el titular, otras formalidades deben conceder beneficios desde la capacitación al acceso a fondos concursables.
  3. Proscripción de barreras burocráticas: la obligación de colocar un letrero que señale la “no discriminación” o la de colocar cámaras de vigilancia son limitaciones a la empresa, el primer por absurdo y en el segundo porque pretende trasladar una responsabilidad del Estado al empresario, peor aún la aplicación de multas por estos incumplimientos. Deben revisarse las normas sobre simplificación administrativa y desarrollarse un reglamento técnico para que las entidades públicas alineen sus requisitos en el TUPA.
  4. Reforzar el caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes o atenuantes de infracciones administrativas: multar a una empresa sin liquidez por el retraso en el pago de las gratificaciones es un absurdo que sólo agrava la situación financiera de la empresa y la forzará a salir del mercado, mientras que obligarla a endeudarse sólo traslada el riesgo de impago al resto del mercado. Para situaciones de cómo ésta el Estado debe apartarse del criterio de la responsabilidad objetiva y dejar de medrar el patrimonio del empresario salvaguardándolo para que sirva para el pago efectivo de las obligaciones legales.

Otro aspecto importante es predicar con el ejemplo ya que el Estado es el mayor foco de informalidad existente: desde los aspectos laborales (se creó un régimen especial laboral sólo para no reconocer la totalidad de derechos laborales), hasta un régimen especial para el pago de sus deudas, pasando por un falaz espíritu de cuerpo en el que las fiscalizaciones entre entidades públicas son raras o inexistentes y el no pago de los tributos y retenciones a su cargo, llevan un mensaje indeseable para el mercado ya que refuerzan la señal de que la formalidad es sólo para algunos mientras que los muy grandes gozan de impunidad.

Además, no hay que olvidar que la informalidad en el Estado es doblemente culpable: no sólo se incumplen las formas sino que lo hace aun cuando sus cargas son menores que los particulares: exoneraciones del IGV a las importaciones, no requiere licencias de funcionamiento, su patrimonio es (en gran medida) intangible y un largo etc.

Y es que si el Estado quiere vender “formalidad”, primero debe convencernos de que es un buen producto y a un precio razonable.

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