Incompetencia municipal en materia de Derechos Constitucionales

Incompetencia municipal en materia de Derechos Constitucionales

Publicado en Septiembre 16, 2012, por , en Jurídico, (Sin comentarios)

Es usual que las municipalidades regulen derechos constitucionales de los administrados tales como el de petición, libertad de expresión, libertad contractual, etc., haciendo uso incluso de ordenanzas alegando cualquier razón.

Al respecto el Tribunal Constitucional ha establecido que el artículo 2.2.4.a. de la Constitución, norma que expresamente establece que “Toda persona tiene derecho (…) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (…) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, debe entenderse como una reserva a favor de la ley ordinaria –que se caracteriza por ser general y abstracta– ya que por sus propias características vincula tanto a los poderes públicos como a los órganos constitucionales autónomos y a todos los ciudadanos del Estado.

Existe entonces la reserva de ley en materia constitucional, es decir cualquier regulación que pueda afectar o incidir en los derechos fundamentales, incluso de manera indirecta, debe ser objeto exclusivo y excluyente de ley general y no de fuentes normativas diferentes ya que cuando la Constitución deja abierta la posibilidad de que se regulen o reglamenten los derechos fundamentales o los ámbitos dentro de los cuales éstos puedan ejercerse, es necesario el respeto al principio de igualdad en su nivel más amplio lo que sólo es posible mediante una ley (o excepcionalmente, un decreto legislativo) por sus alcances universales y por responder a la expresión de la voluntad general de toda la colectividad sometida a la tutela y el control constitucional. De igual la uniformidad del derecho constitucional es una exigencia del principio de unicidad del Estado ya que no es admisible tratamientos diferenciados.

El efecto no es el mismo cuando la regulación de derechos fundamentales tiene por origen normas municipales o de cualquier otro órgano sometido a ámbitos territoriales distintos del nacional pues, sin importar su rango, es evidente que sus efectos no se aplican sobre todos los individuos que conforman la colectividad de un Estado y por ende sujetos a la Constitución, sino tan sólo sobre una fracción de ellos (Sentencia recaída en el expediente 57-98-AA/TC, fundamento 6), de hecho hasta podrían tratar de sustraerse de la regulación en los casos que sea posible el desplazamiento.

Adicionalmente, el principio de reserva de ley también ha sido recogido en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando establece que:
“Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.

Para finalizar lo relacionado con la reserva de la ley, se debe tener en cuenta que la utilización de una ley general también introduce un factor garantista en las relaciones individuo-Estado ya que de este modo se limitan las posibles intromisiones arbitrarias del poder al concentrar en un único órgano la facultad de modular derechos constitucionales.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta la reserva de la Ley se encuentra limitada únicamente al desarrollo de los derechos constitucionales y no se aplica respecto de aquellos que derivan de leyes o que han sido objeto de desarrollo en los términos del bloque de constitucionalidad pues en esos casos si resultan admisibles regulaciones específicas de acuerdo con las competencias del ente regulador.

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